El arranque del próximo curso escolar amenaza tanta incertidumbre como el cierre del presente, en el que los centros educativos llevan clausurados desde el 16 de marzo por el estado de alarma y su reapertura, y solo para casos muy concretos, está condicionada por la evolución de la pandemia.
De acuerdo con el plan de vuelta a la nueva normalidad, se ha dicho que los centros abrirán para prestar apoyo de los niños hasta los seis años, en el caso de que ambos progenitores deban acudir a su puesto de trabajo. Pero ¿es siquiera esto factible? Muchas familias que están en esas circunstancias no quieren poner en peligro a sus hijos. Se requiere que se mantenga la distancia de seguridad, pero ¿van a estar los colegios preparados para eso? ¿Somos todos conscientes de cómo son los pequeños a esa edad? Y las dudas van más allá: ¿qué ocurre con aquellos entre seis y 16 años?
Muestro mi enorme preocupación por estas medidas hechas públicas por el Gobierno central en relación a la inminente apertura de los centros de Educación Infantil, alumnos de 0 a 6 años, y los institutos para los alumnos de 2º de Bachillerato, con carácter voluntario.Considero que no se dan las condiciones adecuadas de seguridad para esa vuelta a los centros educativos.
En la misma línea apuntan declaraciones que plantean la posibilidad de que esa medida se pudiera hacer extensiva en un corto plazo de tiempo al resto de alumnos mayores de 6 años. Declaraciones que igualmente me parecen preocupantes.
Entiendo el problema de conciliación que se puede plantear en muchos hogares en las próximas semanas, con padres y madres que deban volver a sus trabajos de manera presencial, pero, tras el enorme esfuerzo realizado por toda la sociedad durante varias semanas de confinamiento, creo que sería un error tomar decisiones precipitadas sin garantizar en los centros educativos las medidas de distanciamiento recomendadas por las propias autoridades sanitarias.
La vuelta a las aulas de forma voluntaria de un número indeterminado de alumnos puede suponer un riesgo para los propios alumnos y para los profesionales que los atiendan, tanto docentes como personal de servicios educativos complementarios, y es un riesgo que, creo que a estas alturas del curso, no merece la pena correr.
Estas situaciones pueden ser especialmente complicadas en los primeros niveles de enseñanza, de 0 a 6 años, con un alumnado que no tiene adquiridas rutinas de distanciamiento social ni de higiene. Pero también en el resto de niveles educativos, en función del número total de alumnos que finalmente se incorporen de manera voluntaria a las aulas, se pueden plantear problemas respecto a las distancias a respetar, el uso de materiales compartidos y los espacios comunes.
Otro problema añadido sería el desplazamiento del propio personal de los centros educativos, que en muchos casos no reside en la población donde trabajan, algunos de ellos deberían incluso cambiar de provincia, algo que no está permitido en los planes de desescalada que se han dado a conocer. También hay alumnos que tendrían que utilizar el transporte escolar para llegar a los centros.
Habría que considerar, además, la posibilidad de que muchos docentes tuvieran que mantener las actividades online, que actualmente están compartiendo con sus alumnos, con otras actividades presenciales dirigidas a aquellos alumnos que decidieran asistir presencialmente a clase. Entendemos que mantener simultáneamente ambos sistemas es ir más allá de lo razonable. Recordamos que el profesorado viene realizando desde el comienzo de la crisis sanitaria un sobreesfuerzo digno de elogio, ha aumentado telemáticamente de manera considerable sus horas de docencia y atención a alumnos y familias.
Creo que es el momento de que nuestra administración educativa se centre en la planificación del próximo curso escolar ( que bastante lío ha organizado con sus declaracionbes Celaá), la resolución de múltiples convocatorias que aún están por resolver y para las que cada vez los plazos son más ajustados y tome la decisión de una posible vuelta a las aulas, aunque sea de manera voluntaria, solo cuando esté completamente garantizada la seguridad de los trabajadores y del alumnado de los centros educativos.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura muestra su preocupación por las últimas medidas hechas públicas por el Gobierno central en relación a la inminente apertura de los centros de educación infantil, alumnos de 0 a 6 años, y los institutos para los alumnos de 2º de Bachillerato, con carácter voluntario. Consideramos que no se dan las condiciones adecuadas de seguridad para esa vuelta a los centros educativos.
En la misma línea apuntan las últimas declaraciones del Presidente de la Junta de Extremadura, que ha adelantado la posibilidad de que esa medida se pudiera hacer extensiva en un corto plazo de tiempo al resto de alumnos mayores de 6 años. Declaraciones que igualmente nos parecen preocupantes.
Entendemos el problema de conciliación que se puede plantear en muchos hogares en las próximas semanas, con padres y madres que deban volver a sus trabajos de manera presencial, pero, tras el enorme esfuerzo realizado por toda la sociedad extremeña durante varias semanas de confinamiento, creemos que sería un error tomar decisiones precipitadas sin garantizar en los centros educativos las medidas de distanciamiento recomendadas por las propias autoridades sanitarias.
La vuelta a las aulas de forma voluntaria de un número indeterminado de alumnos puede suponer un riesgo para los propios alumnos y para los profesionales que los atiendan, tanto docentes como personal de servicios educativos complementarios, y es un riesgo que, creemos, a estas alturas del curso, no merece la pena correr.
Estas situaciones pueden ser especialmente complicadas en los primeros niveles de enseñanza, de 0 a 6 años, con un alumnado que no tiene adquiridas rutinas de distanciamiento social ni de higiene. Pero también en el resto de niveles educativos, en función del número total de alumnos que finalmente se incorporen de manera voluntaria a las aulas, se pueden plantear problemas
La vuelta a las aulas de forma voluntaria de un número indeterminado de alumnos puede suponer un riesgo para los propios alumnos y para los profesionales que los atiendan, tanto docentes como personal de servicios educativos complementarios, y es un riesgo que, creemos, a estas alturas del curso, no merece la pena correr.
Estas situaciones pueden ser especialmente complicadas en los primeros niveles de enseñanza, de 0 a 6 años, con un alumnado que no tiene adquiridas rutinas de distanciamiento social ni de higiene. Pero también en el resto de niveles educativos, en función del número total de alumnos que finalmente se incorporen de manera voluntaria a las aulas, se pueden plantear problemas respecto a las distancias a respetar, el uso de materiales compartidos y los espacios comunes.
Otro problema añadido sería el desplazamiento del propio personal de los centros educativos, que en muchos casos no reside en la población donde trabajan, algunos de ellos deberían incluso cambiar de provincia, algo que no está permitido en los planes de desescalada que se han dado a conocer. También hay alumnos que tendrían que utilizar el transporte escolar para llegar a los centros.
Habría que considerar, además, la posibilidad de que muchos docentes tuvieran que mantener las actividades online, que actualmente están compartiendo con sus alumnos, con otras actividades presenciales dirigidas a aquellos alumnos que decidieran asistir presencialmente a clase. Entendemos que mantener simultáneamente ambos sistemas es ir más allá de lo razonable. Recordamos que el profesorado viene realizando desde el comienzo de la crisis sanitaria un sobreesfuerzo digno de elogio, ha aumentado
