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Nuestro modelo educativo, un suicidio social

España tiene un sistema educativo que ha mantenido desde 1990 los mismos principios y valores recogidos en la llamada LOGSE (Ley general del Sistema Educativo). Esta ley, aprobada por el Gobierno socialista a principios de los 90, tuvo algunas virtudes, por ejemplo, introdujo la educación obligatoria hasta los 16 años y creó distintas modalidades en bachillerato que permitían a los alumnos orientarse mejor en atención a sus inclinaciones y a sus futuros estudios: artes, tecnológico, ciencias sociales, ciencias de la salud y humanidades. En el lado opuesto, se abandonó la necesaria implantación de una formación profesional adecuada al mercado laboral, que ha hecho que nuestros jóvenes no estén preparados para lo que la sociedad necesita de ellos y sin embargo vivan en la tremenda frustración de haber estudiado para llegar a ser aquello que la sociedad no demanda.

Y con independencia de que el modelo haya sufrido modificaciones de forma, que no de fondo, lo cierto es que sus fundamentos siguen siendo los mismos. Por eso cuando se habla de que cada gobierno modifica el sistema educativo a su antojo y se pide un pacto sobre la educación, en realidad se ignora que es el mismo desde aquella LOGSE y que por tanto el gran acuerdo para un modelo educativo exitoso debe ser, no para maquillar lo que ya tenemos (como algunos han intentado), sino para cambiar un sistema que obviamente no ha funcionado como debiera, aspecto sobre el cual está de acuerdo la mayoría de la comunidad educativa.

Pero, además del hecho de que este modelo deja a un lado los valores del esfuerzo, el mérito y la capacidad de superación (letal no solo para el aprendizaje de conceptos sino para la escuela de la vida), hay otro aspecto de la LOGSE que ha perjudicado terriblemente a España: la descentralización de la educación, al permitir que las comunidades autónomas no solo gestionasen los centros de enseñanza, sino que pudieran redactar un porcentaje muy alto de los contenidos educativos.

Ello provocó dos consecuencias que se complementaron para dañar severamente tanto a la enseñanza como a nuestro país: por un lado, es un modelo que asienta cada vez más diferencias entre los alumnos españoles dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan (que hace que su conocimiento de la cultura, la historia o la geografía comunes sea cada vez más escaso), y por otra parte se priva a España de un instrumento tan importante para la vertebración nacional como es la educación y crea a su vez un país con distintas velocidades educativas, un suicidio social para cualquier nación que se precie. Ya antes, la Constitución, que en su artículo 149 establece la competencia exclusiva del Estado para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación, permitía en su artículo 150 a las Comunidades Autónomas dictar normas en materia de educación, en el marco de las directrices fijadas por una ley nacional. Y así llegaron las transferencias. Nos equivocamos, y mucho, en la Constitución y en aquella LOGSE que implantó un pésimo modelo educativo.

Lamentablemente el problema ha sido mayor por la enorme deslealtad de gobernantes autonómicos, que han hecho de la educación un instrumento para fomentar el sentimiento de odio y repulsa a España y para alimentar afanes independentistas de territorios que nunca tuvieron autonomía por sí solos, pues siempre fueron tributarios de un poder soberano superior. En el año 2013, siendo presidenta de Castilla-La Mancha, afirmaba que fue un error transferir la educación y ha sido un error también no haber sido capaces de modificar un modelo educativo, el de la LOGSE, generador de frustraciones y de parados. Nuestro sistema educativo y nuestro modelo de enseñanza son la piedra angular de los problemas de España y si no ponemos remedio, la desintegración social y política está asegurada. Todavía estamos a tiempo.

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PROFESOR CAMPUSANO AGUERO

domingo, 12 de enero de 2020